Imputaron a dos mujeres extranjeras por el delito de «facilitación de la prostitución»

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general jefe Silvia Pereira, expuso sobre la situación de dos mujeres detenidas, una de nacionalidad dominicana y otra paraguaya, que fueron encontradas en Trelew con pruebas contundentes relacionadas con el delito mencionado.

La doctora Pereira manifestó que se libraron cinco órdenes de allanamiento, cuatro de ellas en Trelew y una en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajando en forma conjunta la Dirección Policial de Investigaciones, a cargo del comisario Juan Carlos Núñez y el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general jefe y el funcionario Rubén Kholer, llevando adelante tareas que derivaron en una serie de medidas solicitadas a la Jueza penal Ivana González.

Como resultados de las mismas y de las tareas de inteligencia realizadas por la brigada de investigaciones, se obtuvieron datos y material documental, lo que permitió la autorización de los procedimientos por parte de la magistrada.

En este marco, se procedió a la detención de dos mujeres, cuya documentación indica que una es de nacionalidad dominicana y otra paraguaya, a quienes la fiscalía imputó provisoriamente el delito de facilitación de la prostitución, cuya escala punitiva fija una pena de prisión que va de los cuatro a seis años, esto en carácter de autor y partícipe primario, respectivamente. Por otro lado, aclaró la doctora Pereira que el delito se configura aunque medie el consentimiento de la víctima, según lo establece la Ley 26842.
Resolución

Si bien el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambas, argumentando sobre los riesgos de fuga y entorpecimiento, la Jueza González estimó que estaban dadas las condiciones para permitir la apertura de investigación, pero que se podían neutralizar los peligros esgrimidos con medidas sustitutivas. Las defensas, ejercidas por Fabián Gabalachis y Sergio Rey habían pedido la libertad con ciertas condiciones de sus clientas, mientras avanza la investigación.

La doctora González impuso finalmente que las imputadas acudan a firmar el libro de la oficina de ejecución una vez por semana, aunque se les retendrán los pasaportes con lo que se les prohíbe la salida de nuestra zona y ordenó la prohibición de acercamiento a presuntas víctimas. También exigió la fijación de domicilios, para lo cuál se deberá realizar una constatación permanente de los mismos y su permanencia en ellos de las dos mujeres, situación que puso bajo la responsabilidad de la policía