Luego de una asamblea, judiciales de Chubut anunciaron paro de actividades

“La Asociación expresa su profunda preocupación por la falta de pago de haberes de todos los integrantes del Poder Judicial en la fecha que había sido anunciada, incumplimiento que por no ser la primera vez que se produce, exterioriza la improvisación con la que se determinan y anuncian las fechas de pago”, señalan en un duro comunicado que critica el desdoblamiento en el pago.

Siempre igual

“No se puede soslayar –sugiere el pronunciamiento- que el incumplimiento reiterado siempre lo es respecto de los salarios de todos los integrantes de los poderes legislativo, judicial y del Tribunal de Cuentas, sin advertir que con ello se ve seriamente comprometido el correcto funcionamiento de los mismos y de la forma republicana de gobierno, en tanto se gestan medidas de fuerza por parte de los empleados, ya no con el solo fundamento del pago tardío sino en la falta de razonabilidad en el criterio de selección adoptado al momento de advertir la insuficiencia de fondos para pagar los sueldos de toda la administración pública, que afectan de manera directa el servicio que estamos obligados a prestar a los ciudadanos”.

Hoy la Asociación la preside la defensora jefe de Trelew, Sonia Donatti. Instó al Ejecutivo a “depositar a la mayor brevedad posible” los haberes de febrero, “a cumplir los meses subsiguientes con el pago en el plazo legal y evitar en lo sucesivo a realizar promesas de fechas de cobro que finalmente no se cumplen, en tanto contienen una total falta de consideración de las consecuencias que ello produce en la administración individual de los trabajadores, que ya se ha visto deteriorada no sólo por el proceso inflacionario que atraviesa el país sino por el pago de intereses que se derivan del pago tardío involuntario de las obligaciones previamente contraídas”.

Por último, “en el caso en el que la real situación financiera de la provincia amerite un nuevo desdoblamiento del pago de salarios, como ocurrió durante todo 2018, se sincere públicamente la situación, se informe con antelación y en lugar de resolver de manera antojadiza y bajo el riesgo de convalidarse un acto de gobierno discriminatorio, se mantenga el criterio mediante el cual el orden de pago de los sueldos de todos los empleados de la provincia se establezca conforme su monto, de menor a mayor, que en la excepción resulta ser protector de los que menos ganan, cualquier sea el Poder del Estado en el que se desempeñen”.