PRISIÓN PREVENTIVA PARA UN HOMBRE QUE ABUSO DE UNA JOVEN CON SÍNDROME DE DOWN

El sujeto de origen boliviano era peón de una chacra y había aprovechado la ausencia de su madre para cometer el abuso.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira, expuso durante una audiencia de control acerca de un aberrante hecho que se habría producido en perjuicio de una joven discapacitada con síndrome de down.

De acuerdo al relato, el hombre sabía lo que hacía y aprovechándose de la situación de indefensión y que la víctima no pudo consentir libremente la acción, abusó sexualmente de la misma. La fiscalía puso en evidencia los elementos, contándose con la denuncia de la madre, quien expresó que nunca se la dejaba sola y quedaba bajo el cuidado de su padre cuando la señora trabajaba de 8 a 15. Estima que fue dentro de ese horario, y teniendo en cuenta los trabajos que el progenitor realizaba en la chacra, cuando el imputado, quien cumplía labores de peón abusó y accedió carnalmente de la víctima.

Las sospechas se reafirman ya que el hombre desapareció del sitio el día 23 de marzo dejando sus pertenencias y sin cobrar los haberes correspondientes. Sin embargo reapareció por el lugar el día 28 del mismo mes para hacerse de sus prendas y según testimonios se fue a trabajar en otra chacra de la zona. La víctima y sus familiares son contenidas por el servicio de asistencia a la víctima del delito (savd).

La Jueza María Tolomei dispuso la apertura de investigación por el término de seis meses
, quedando a cargo la fiscal general jefa Silvia Pereira junto a la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, calificándose el hecho como abuso sexual con acceso carnal aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción, artículo 119, tercer párrafo del código penal. Acordó la magistrada con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la probabilidad de autoría y el peligro de fuga, considerándose la gravedad de lo sucedido, la falta de arraigo del imputado, extranjero de origen boliviano que no registra ingreso al país en la dirección nacional de migraciones, contando con elementos que le permitirían alejarse de la zona. Por otra parte, de acuerdo al delito endilgado le correspondería una pena que va de seis años a quince años de prisión, que no puede ser de ejecución condicional.

La doctora Tolomei dispuso la prisión preventiva del imputado en principio por cuarenta y cinco días, tal lo solicitado por la fiscalía al indicar que es el tiempo adecuado para tener los resultados de pericias de ADN, a realizarse en Madryn desde el 22 de mayo. De tal forma, se podrá tener certeza sobre la probable autoría de quien fue defendido por Javier Romero durante esta audiencia de control.